Senadores sancionaron el proyecto de derogación de la "ley Guastella", que indica que los procesos penales se extinguen a los tres años. Esto posibilita la impunidad antes que la eficiencia judicial. De promulgarse, el tiempo máximo será de 4 años.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores se aprobó el proyecto de derogación que primeramente tuvo el visto bueno de Diputados. La “ley Guastella”, que en varias ocasiones se tuvo que postergar su entrada en vigencia, establece como plazo máximo para un proceso penal los tres años.

El argumento inicial e ideal era reducir los plazos de los procesos a fin de reducir la mora judicial; sin embargo, lo que se lograría es que muchos políticos aprovechen -mediante chicanas- para extender sus procesos y lograr así la extinción de la causa.

En el caso de que el presidente Horacio Cartes o eventualmente ya el electo Mario Abdo Benítez promulguen la ley, quedará vigente la conocida como “ley Camacho” (por el exlegislador Emilio Camacho), que plantea extender el plazo máximo a 4 años.