Tras la fuga del imputado, la fiscal Vázquez solicitó como medida urgente a la Comandancia de la Policía Nacional la implementación de un esquema de protección y seguridad para la niña víctima y su entorno familiar. A su vez, notificó del hecho a la adjunta del Área XIX de Caazapá, María Luján Estibarribia, quien, mediante resolución, inició una causa penal por los incidentes registrados dentro de la sede policial.
Antecedentes del caso
El agente, ahora declarado en rebeldía, había sido beneficiado con arresto domiciliario en la Comisaría 1.ª de Caazapá, decisión otorgada por el Tribunal de Apelación que revocó una resolución anterior del Juzgado Penal de Garantías. Este último, en primera instancia, había ordenado la prisión preventiva en la Agrupación Especializada, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público.
Ante la fuga, y a pedido de la Fiscalía, el mismo Juzgado Penal de Garantías dispuso la revocación del arresto domiciliario y ordenó nuevamente la prisión preventiva del acusado, cuya localización sigue siendo desconocida.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el uniformado convivía con su pareja, los hijos en común y la hija de la mujer, quien habría sido víctima de abuso sexual entre los años 2016 y 2019, desde que tenía aproximadamente 7 años de edad.
Fuente: Ministerio Público
