El Ministerio Público había imputado a Pereira Rivas por los delitos de homicidio doloso y asociación criminal. Tras un juicio oral y público, fue absuelto el 11 de noviembre de 2022 mediante la Sentencia Definitiva n.º 136, amparada en el beneficio de la duda conforme al artículo 5 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el Ministerio Público apeló el fallo, señalando graves irregularidades durante el proceso. Entre ellas, la exclusión indebida de pruebas previamente admitidas, la negativa del tribunal a convocar testigos clave, y contradicciones en la motivación del fallo.
El Tribunal de Apelación, a través del Acuerdo y Sentencia n.º 42 del 24 de marzo de 2023, hizo lugar a la apelación fiscal, señalando que el fallo absolutorio presentaba inconsistencias, incoherencias y violaciones a principios procesales como la libertad probatoria, la sana crítica y la debida motivación. En consecuencia, ordenó la anulación de la sentencia y la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal distinto.
Durante el proceso anulado, la Fiscalía había ofrecido más de diez testigos, además de pruebas documentales, registros de cámaras de seguridad y datos extraídos que, según alegó, vinculaban al acusado con el crimen. También cuestionó que no se aplicaran mecanismos tecnológicos permitidos por la Ley n.º 6495/2020, como audiencias remotas, lo que afectó la producción probatoria.
El Ministerio Público destacó que la apelación no fue una reacción subjetiva, sino una acción basada en irregularidades objetivamente comprobadas, las cuales fueron admitidas por el Tribunal. Asimismo, rechazó cualquier insinuación de complicidad con estructuras criminales, como insinuaron algunas publicaciones recientes.
La institución reafirmó que su actuación en el caso se ajusta a criterios técnicos, jurídicos y bajo control jerárquico, garantizando así la continuidad del proceso hacia un nuevo juicio.
