El Ministerio de Hacienda tiene a su cargo la reglamentación de la Ley N° 6524/20 que declara estado de emergencia en el país ante la pandemia del coronavirus y prevé en la fecha presentar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el proyecto para realizar los ajustes finales.
La demora en la definición está generando cierta impaciencia en los cuentapropistas que viven del día a día, que hace semanas están sin operar por la cuarentena decretada por el Gobierno.
La idea, según las autoridades, es que la reglamentación sea promulgada hoy para que los potenciales beneficiarios conozcan el proceso que deberán cumplir para recibir el subsidio monetario, exonerar el pago de las facturas de luz, agua y teléfono o que los contribuyentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) conozcan los nuevos vencimientos para el pago de los impuestos.
Una de las discusiones principales en la reglamentación de la ley giró ayer en torno al pago del 25% del salario mínimo (equivale a G. 548.209) a trabajadores en situación de informalidad, porque se pretende que llegue a los más necesitados que serían 1.500.000 personas.
En ese sentido, según fuentes, se propuso priorizar a los cuentapropistas de bajos ingresos y a los informales, porque, de lo contrario, el universo de beneficiarios podría llegar a unos 3.000.000 de personas y el costo del programa demandaría más de los US$ 300 millones previstos para dos meses.
La Ley N° 6524/20 que declara estado de emergencia en el país ante la pandemia del coronavirus y establece medidas administrativas, fiscales y financieras para mitigar el impacto en el sistema de salud y en la economía, ya determina ciertos requisitos para acceder al referido subsidio.
