Investigación revela esquema millonario de desvío de fondos en la Municipalidad de Ciudad del Este

Una investigación oficial destapó un esquema sistemático de irregularidades y desvío de recursos públicos por más de 3.000 millones de guaraníes en la Municipalidad de Ciudad del Este, durante los años 2020 a 2022.
Investigación revela esquema millonario de desvío de fondos en la Municipalidad de Ciudad del Este

El trabajo conjunto entre la Contraloría General de la República (CGR) y el equipo interventor municipal evidenció un entramado de prácticas fraudulentas que incluyen transferencias sin justificación técnica, procesos licitatorios irregulares y el uso de comisiones vecinales como intermediarias para eludir controles legales.

En conferencia de prensa, el interventor de la municipalidad, Ramón Ramírez, expresó:

“Quiero reiterar que las causales de intervención del municipio de CDE, referentes a los puntos denunciados por la CGR, están plenamente demostrados. Es un sistema cuidadosamente montado para desviar fondos públicos. La administración anterior dirigió un esquema para burlar a la ley”.

Además, señaló:

“En algunos casos, por ejemplo, se pagaron los trabajos antes de ser adjudicados. Una ciudad tan importante como Ciudad del Este no se merece esta situación”.

El informe oficial detalla que solo en el año 2020 se detectaron transferencias irregulares por un monto de 3.042.645.716 guaraníes, realizadas mediante órdenes de pago que violan la Ley de Contrataciones Públicas. Estos recursos estaban destinados originalmente a comisiones vecinales y organizaciones no gubernamentales, pero fueron desviados mediante métodos fraudulentos.

Entre los mecanismos detectados figuran:

  • Pagos anticipados a proveedores antes de la adjudicación oficial

  • Documentación con fechas posteriores a los pagos efectuados

  • Uso de comisiones vecinales para ocultar contrataciones directas

  • Simulación de procesos competitivos para favorecer a contratistas específicos

El interventor adelantó que solo se ha investigado cerca del 30% de las denuncias presentadas por la CGR y que el proceso continúa en curso, con la participación del Ministerio Público, que indaga posibles vínculos entre funcionarios municipales y empresas beneficiarias.

“Lo que encontramos es un sistema diseñado para evadir los controles legales. Los recursos públicos fueron manejados como si fueran fondos privados, sin el debido respeto por los procesos de transparencia”, afirmó una fuente cercana a la investigación.

La intervención municipal prosigue mientras se evalúa el alcance total de las irregularidades y se determinan responsabilidades.