El proyecto ya modificado por Diputados fue rechazado por el Senado y fue enviado al archivo por mayoría. Los 32 presentes en la Cámara Alta bajaron el pulgar a esta iniciativa que buscaba generar el control del dinero en las elecciones internas y generales.
Entre los puntos polémicos, el texto del Senado rechazado eliminaba la disposición del inciso g) del artículo 62 que prohibía a los partidos, alianzas, movimientos o concertaciones recibir contribuciones o donaciones de personas acusadas por delitos graves vinculados al crimen organizado. Se estableció, argumentando el principio de la presunción de inocencia, que la prohibición regirá para las personas condenadas por esos delitos.
Según dijo en su momento el senador Arnaldo Giuzzio (actual titular de Senad), esta modificación iba a habilitar a las que personas sobre las que existen fundadas dudas de estar involucradas en delitos contribuyan a las campañas de los partidos, como el caso de sospechosos de delitos de narcotráfico. Una disposición importante era el control del financiamiento en las internas, que no está previsto en el proyecto de la Cámara Baja, que solamente hablaba de comicios generales.
Igualmente, establecía que los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones deben realizar una declaración jurada, dentro de los cinco días posteriores a la oficialización de las candidaturas presentadas, en la que se deberán consignar todos los activos y recursos al inicio de la campaña, para presentar ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, a fin de obtener un identificador tributario que los individualice para el control del financiamiento de la campaña política.
Otro punto era que los partidos no podrán recibir contribuciones o donaciones anónimas que superen en una misma campaña electoral al equivalente a 10.000 jornales mínimos (unos US$ 140.000). La Cámara Baja había establecido un monto de 7.000 jornales mínimos. El tope vigente en la actualidad habla de 5.000 jornales mínimos.
