Bolsonaro reitera que no dará “refugio a bandidos”

El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó ayer a su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, que su país “no dará asilo a terroristas o a cualquier otro bandido preso o refugiado político”, en directa alusión a los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí, prófugos por el secuestro de María Edith.

BRASILIA (EFE). El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó ayer, junto a su homólogo paraguayo Mario Abdo Benítez, que su país “no dará asilo a terroristas o a cualquier otro bandido preso o refugiado político”.

Esa declaración aludió a la situación de los prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, paraguayos acogidos en Brasil como refugiados, un estatus que el Gobierno paraguayo pidió la cancelación para dar lugar a un proceso de extradición.

Se trata de dos exdirigentes del extinto partido Patria Libre que están procesados por la Justicia paraguaya por el secuestro acaecido en 2001, un asunto que, según dijeron a EFE fuentes oficiales, fue tratado durante la reunión que Bolsonaro ha tenido con Abdo Benítez, quien realizó ayer una visita oficial a Brasilia.

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, admitió que la respuesta que el Gobierno de Abdo Benítez espera de Brasil en relación al estatus de Juan Arrom y Anuncio Martí genera “mucha ansiedad y optimismo”.

Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia de nuestro país por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón viuda de Debernardi. Fue posteriormente liberada previo pago de un rescate de 1 millón de dólares. Antes del juicio oral y público, los prófugos huyeron a Brasil, que en 2003 (gobierno de Lula da Silva) les otorgó el estatus de refugiados políticos.

En Brasil, la decisión final sobre la anulación del estatus de los prófugos no depende directamente del Gobierno de Bolsonaro, sino de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, pero está integrada también por organismos humanitarios y de la sociedad civil (la mayoría de los integrantes designa el Gobierno de Brasil).

Actualmente, Paraguay afronta un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, por la presunta responsabilidad del Estado en supuestas torturas. Arrom y Martí solicitaron una indemnización para ellos y sus familiares de US$ 123 millones. El Estado paraguayo rechaza la demanda por considerar infundado y contradictorio.

Itaipú y puentes

Abdo y Bolsonaro firmaron una declaración conjunta en la cual repasaron todos los temas, que van desde Itaipú, conectividad (construcción de puentes); lucha contra el crimen organizado, comercio (instalación de autopartes), entre otros. Sobre Itaipú, señalaron que la renegociación del Tratado en el 2023, deben enmarcarse en un “espíritu de entendimiento constructivo”.