Al saltar este caso, que fue expuesto, la Corte Suprema de Justicia justificó el cobro de más de G. 200 millones del Estado por parte Bordenave, durante el periodo de cuatro años.
En ese sentido, desde dicho poder del Estado indicaron que la funcionaria estuvo respaldada con permisos concedidos por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en virtud a la normativa vigente, que establece la posibilidad de otorgar permisos con goce de sueldo en casos justificados y acreditados siguiendo el criterio institucional.
La misma también obtuvo un permiso especial con goce del salario básico, conforme a la ley de presupuesto general de la Nación sin percibir ningún tipo de subsidio por becas y/o capacitación, de acuerdo con el comunicado dado a conocer.
La Corte además recordó que son constantes estos permisos especiales a los funcionarios en centros de excelencia en el exterior para aumentar los niveles de generación y aplicación de conocimientos.
