De acuerdo con los testimonios, los afectados suelen adquirir productos de primera necesidad, frutas y verduras en comercios mayoristas de Pedro Juan Caballero para luego revenderlos en pequeñas despensas ubicadas en zonas rurales y colonias de varios distritos del norte del país. Sin embargo, aseguran que durante los controles de rutina son constantemente molestados por funcionarios de COIA y efectivos policiales de Delitos Económicos.
Los comerciantes señalan que, en muchos casos, se les exige “colaboración” para poder continuar su trayecto, y que quienes se niegan son sancionados con la incautación de la mercadería transportada, aun tratándose de pequeñas cantidades destinadas a la reventa minorista.
Asimismo, denuncian una aparente selectividad en los controles, ya que grandes cargamentos de mercaderías que estarían “comunicados” o contarían con respaldo de supuestas autoridades departamentales circularían sin inconvenientes por los mismos puestos de control. Según los denunciantes, para demostrar trabajo o justificar los operativos, se incautan pequeñas cantidades a comerciantes modestos, mientras que los grandes cargamentos no son molestados.
Los afectados piden que las autoridades competentes investiguen estas denuncias y garanticen controles justos y transparentes, evitando abusos que terminan perjudicando a quienes dependen del comercio minorista para subsistir.
