Tras un amplio debate se aprobó que el mecanismo de expulsión se establezca por ley y no por un reglamento interno. No obstante persiste el debate sobre si se requiere mayoría simple o absoluta para expulsar a un legislador por "uso indebido de influencias".
Pastor Vera Bejarano, presidente de la Comisión Especial conformada para analizar el tema, explicó en un primer momento sobre la existencia dos dictámenes de la misma y una tercera propuesta planteada para que el proceso de investidura se establezca a través de un reglamento.
Vera Bejarano indicó que tras consultar a tres juristas se produjeron dos dictámenes con algunas coincidencias y otras variantes. “La opinión de los profesionales del derecho han sido en dos sentidos: Por un lado, primero la coincidencia de que debe ser por ley. Segundo, el argumento de la mayoría (para aprobar la expulsión), ahí también hay coincidencia que tienen que ser mayoría simple. Y en tercer lugar sobre el órgano juzgador”, comentó.
En ese último punto, existe disparidades, por lo que un proyecto de ley se confeccionó indicando que el órgano juzgador debe ser el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como propusieron algunos magistrados. Otro proyecto sugiere que la Cámara sea la que juzgue, es decir, el acusado debe ser juzgado por sus pares tal como ocurrió en casos como el del exsenador Óscar González Daher.
Una tercera propuesta establece que no hace falta un proyecto de ley, sino con modificar el reglamento interno de la Cámara es suficiente. “La búsqueda de una ley lo que busca es una dilación”, dijo en ese sentido el diputado Sebastián Villarejo, defendiendo el proyecto que establece que el artículo 201 de la Carta Magna - De la pérdida de la investidura, debe ser establecido por reglamentación.
Villarejo aprecia en esta intención de discutir el tema como una “ley”, un afán de dilatar el caso del diputado Carlos Portillo, quien ayer fue acusado formalmente por la Fiscalía por “tráfico de influencias” y para el cual se pidió juicio oral y público.
En ese marco, Rocío Vallejo, también coincidió en que votar por una ley es dilatar en el tiempo el tratamiento de la pérdida de investidura de Portillo. “Nuestro propio reglamento nos señala en forma clara, un procedimiento expeditivo: en una semana se tiene una resolución”, subrayó.
¿CÓMO SE PUEDE COMPROBAR EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS?
El diputado liberal Antonio Buzarquis hizo una consulta al pleno sobre cómo sería posible comprobar fehacientemente el tráfico de influencia. A lo que la diputada Kattya González apuntó hacia Portillo. “A través de ciertos actos, por ejemplo levantar el teléfono y llamar a un juez, si estoy violando el protocolo legal, estoy cometiendo tráfico de influencias”, sostuvo.
Agregó que en este caso, es necesario aplicar el sentido común. “No se necesita el juzgamiento jurisdiccional para juzgar el tráfico de influencia”, insistió.
Por su parte, Édgar Ortiz, en tono sarcástico dijo estar preocupado por el tema puesto que todo podría ser caratulado de “tráfico de influencia”. “Si pedimos que algunos adultos mayores cobren su salario, eso es tráfico de influencia. Si después de una tormenta pedimos chapas para las personas a las que no les alcanzó, es tráfico de influencia. Si pedimos para que se arregle caminos de nuestras múltiples compañías, es tráfico de influencias. Así que gente, preparen sus valijas y vamos todos”, ironizó.
Finalmente, Buzarquis retomó el uso de la palabra y tras las respuestas de sus compañeros alegó que todo es muy subjetivo, por lo que considera la situación bastantes peligrosa por lo que, afirmó, es necesaria una ley. “Esto es una cuestión eminentemente política”, enfatizó.
