En el argumento de la petición está el poder mitigar la presión sobre el Presupuesto General de Gastos para la compra de armamentos para la Policía Nacional. En ese sentido remarca que, en los múltiples procedimientos fiscales y policiales, se requisaron enorme cantidad de armas de todo tipo, que pertenecían a actores del crimen organizado.
Hasta ahora, todo ese arsenal está almacenado en depósitos de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) que, por ley es la institución encargada para ser depositaria de esa categoría de bienes. Esto, en concordancia con la Senabico, a la que corresponde todo tipo de bienes decomisados a personas que accionan fuera de los márgenes de la ley.
Cabe indicar que, con el actual tratamiento que se da a las armas requisadas a personas y a grupos criminales, se permite que los arsenales teóricamente resguardados por los organismos del Estado, en los hechos se conviertan en objetos de negociados en los que se roban armas de los depósitos, las cuales, luego se venden de vuelta los cárteles mafiosos.
