En su exposición, Preda afirmó que los señalamientos incluidos en la denuncia no cuentan con respaldo probatorio y se basan en conjeturas.
“De la lectura de la denuncia advierto que tiene inconsistencias”, expresó, aludiendo al punto del incremento patrimonial que corresponde a un periodo en el que el mandatario no ejercía función pública. Recalcó que el crecimiento de patrimonio en la actividad privada no tiene relevancia penal.
Sobre la acusación de lavado de dinero, explicó que el Presidente tuvo una participación minoritaria, inferior al 2 %, en una sociedad que adquirió otra empresa en 2020. Años después, en 2024, un directivo de esa firma fue imputado por lavado, pero por hechos desvinculados a Peña. “No tiene lógica sostener que una inversión minoritaria lo convierte automáticamente en partícipe de un hecho ajeno y posterior”, subrayó.
En relación al tráfico de influencias, detalló que el mandatario ya no posee acciones en Ueno Holding, y que ninguna de las empresas vinculadas aparece con irregularidades en licitaciones. “Se habla de supuestas influencias, pero no se aporta un solo hecho concreto”, recalcó.
También negó la versión sobre un vehículo Land Cruiser, asegurando que en diciembre de 2022 Peña no era candidato electo y la firma mencionada no figuraba como proveedora estatal. Respecto a Itaipú Binacional, aclaró que sus adjudicaciones dependen de un consejo binacional, no del Presidente.
El abogado igualmente respondió sobre los bienes y propiedades atribuidos al mandatario y a la Primera Dama, destacando que gran parte del patrimonio se conformó antes del ejercicio público y que la residencia en San Bernardino se financió con un crédito respaldado en la venta de acciones.
En cuanto a los audios sobre supuestos sobres con dinero, recordó que la exfuncionaria que los difundió fue apartada por pérdida de confianza. “Tener dinero en efectivo no significa que se trate de coima”, sostuvo, negando la versión de la desaparición de un sobre.
Finalmente, Preda enfatizó que en un Estado de derecho no pueden abrirse causas penales basadas en suposiciones. “Eso sería convertir al sistema en un mecanismo de persecución. Cualquiera podría denunciar a alguien solo porque no le cae bien”, advirtió.
Aclaró que el Presidente está dispuesto a someterse a cualquier investigación formal del Ministerio Público y a presentar los documentos necesarios: “Se someterá a la investigación que se abra y presentará trazabilidad de sus ingresos, pero en el marco de un proceso formal y no como respuesta a rumores”, puntualizó.
