La decisión de los ministros de la Corte responde a que consideran que con la medida de fuerza, el fiscal afectó de manera grave el derecho ciudadano de acceso a la justicia.
La medida de fuerza fue realizada como parte del reclamo de la Fiscalía General del Estado, que exige mayor presupuesto, de lo contrario se verían obligados a cerrar ciertas oficinas fiscales por falta de rubros.
Ortúzar, agente fiscal de la unidad 2 de Asunción, había emitido una circular donde comunicaba que se prohíbe el acceso a toda persona que no cuente con un documento citatorio.
La decisión de la Corte igualmente se da luego de que esta mañana la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, saliera a respaldar a los funcionarios de su institución que realizaron protestas en el centro de Asunción. La Fiscalía General prevé cerrar 12 unidades fiscales ante el rechazo de la ampliación presupuestaria de G. 18.000 millones en el presupuesto para el 2019.
