El documento establece un procedimiento administrativo para que tanto la Patrulla Caminera como los municipios puedan proceder a la subasta de los vehículos cuyos propietarios no regularicen su situación en un plazo de seis meses.
Los senadores agregaron al documento algunas modificaciones que sugieren la intimación a los propietarios y la publicación de un edicto, previo al remate.
El legislador Enrique Riera se opuso al documento alegando que el Estado incumplirá con su compromiso de velar por la propiedad privada.
“Sea una moto o un cepillo de dientes, solo un juez puede hacer una incautación como esta. Hay un derecho de propiedad que debe ser respetado”, refirió.
Por otro lado, el senador Juan Bartolomé Ramírez manifestó su apoyo a la normativa y destacó que será una ley muy importante: "Vamos a solucionar muchísimos problemas de las municipalidades y de la Policía Caminera, va a ser demasiado importante esta ley".
Para que los vehículos incautados sean rematados deberán ser considerados como abandonados. Varios predios de instituciones de control están abarrotados de vehículos en estado de abandono.
Según establece el proyecto, lo recaudado por la subasta o venta de estos vehículos será distribuido de la siguiente manera: 50% para el financiamiento de programas de acción del Hospital de Trauma y 50% para la autoridad de aplicación de este marco jurídico.
El documento fue presentado por los diputados Eber Ovelar (ANR-Caaguazú), José María Ibáñez (ANR-Central), César Ariel Oviedo (ANR-Central), Bernardo Villalba (ANR-Concepción) y Ricardo González (PEN-Central).
La normativa aprobada por el Senado debe volver a la Cámara de Diputados.
