El Poder Ejecutivo se qued con la "boca abierta" cuando tom conocimiento de que los tres prfugos de la justicia paraguaya por el secuestro de Mara Edith Bordn (16 de noviembre de 2001) se haban "escapado" de Uruguay y emprendieron viaje con destino a Finlandia, va Madrid.
Cuando faltaba poco para el inicio del juicio oral y pblico en Montevideo, a Arrom, Mart y Colmn les abrieron las puertas para que huyeran con destino a Finlandia, con pasaportes oficiales y el visto bueno incluso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El embajador paraguayo en Uruguay, el exsenador colorado Rogelio Bentez, admiti ayer que contrat a dos abogados uruguayos (Enrique Falco Iriondo y lvaro Garc) para que hagan seguimiento del caso. Incluso revel que cada uno debe cobrar US$ 3.000.
El monitoreo de estos abogados y del Gobierno paraguayo fracas totalmente porque el Ejecutivo paraguayo se enter cuando los tres prfugos estaban en pleno vuelo desde Montevideo con destino a Finlandia, donde fueron recibidos como refugiados.
El abogado Falco reconoci que ni siquiera mira sus correos electrnicos, donde fue notificado el martes a la tarde de la decisin judicial uruguaya referente a la liberacin de Arrom, Mart y Colmn. Falco recin le informa a las 20:00 del martes al embajador Bentez.
Ante estos hechos, el Gobierno, a travs de la Cancillera nacional, convoc a una conferencia. El ministro sustituto de Relaciones Exteriores, Enrique Insfrn, inform que Paraguay protest formalmente contra Uruguay, Finlandia, Acnur e Interpol por la "fuga" de los tres prfugos desde el ao 2003, "procesados por la comisin de crmenes de secuestro extorsivo, asociacin criminal, privacin arbitraria de libertad y dao a la integridad fsica y moral".
Asimismo, el Paraguay "rechaz enrgicamente el tratamiento dispensado por el Gobierno de Finlandia" a los mencionados prfugos de la justicia y las gestiones que dicho pas realizara ante Acnur para el otorgamiento de documentos de viaje especiales que hicieron posible, una vez ms, burlar y obstruir la justicia. "El uso indebido del estatus de refugiados para proteger a presuntos criminales comunes es digno de absoluto repudio", expres. Agreg que el "levantamiento de los cdigos rojos por parte de Interpol, pese a las insistencias en contrario por parte de los agentes de la justicia paraguaya y las gestiones diplomticas desplegadas, no se encuadra en la lgica ni en la razn. "Este hecho acta en desmedro de la credibilidad de la Interpol", dijo.
