La mayora de los legisladores llev al lmite la fecha de la sesin porque el da 6 de febrero vence el plazo para tratar el actual proyecto de declaraciones juradas, que exige una orden judicial para conocerlas. Desde esa fecha, tendr sancin ficta. Es decir, los diputados buscaran evitar que sus patrimonios y el de los funcionarios pblicos se divulguen como informacin pblica, inform Edgardo Romero.
El diputado Jorge valos Mario (PLRA) haba sealado que, aparte del control del financiamiento poltico, la propuesta de las declaraciones juradas es tambin clave para nuestro pas.
La norma que fue promulgada en agosto pasado y entra en vigencia el 6 de febrero prximo dispone que solo con orden judicial se podr acceder a las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios pblicos, incluyendo a las autoridades electas.
El Senado, en busca de zanjar la situacin, el 5 de diciembre pasado aprob una nueva propuesta legislativa que pretende liberar las declaraciones juradas de los funcionarios pblicos y permitir que a travs de la pgina web de la Contralora General de la Repblica cualquier ciudadano pueda acceder a los datos de los funcionarios pblicos.
Ahora, es la Cmara de Diputados la que debe aprobar este proyecto para que sea sancionado y pase al Ejecutivo. El margen de aprobacin es de solo dos das.
Control del dinero sucio
En relacin al control del dinero "sucio" en la poltica, Diputados busca tambin la aprobacin de esta nueva ley que permitir la trazabilidad del financiamiento en la poltica. La intencin de sus propulsores es que ya rija para las internas de los partidos de cara a las municipales que se harn el 12 de julio de 2020.
Roco Vallejo, una de las proyectistas, adelant esta maana en conversacin con radio ABC Cardinal que iba a pedir la convocatoria a la sesin extraordinaria para el da 4 de febrero, a fin de dar ms tiempo a los diputados para que estudien el documento y hagan sus propuestas de modificacin. Aadi que varios colegas volvern de sus viajes de vacaciones para esa fecha.
Puntualmente, el proyecto plantea que cada candidato presente una declaracin jurada de ingresos y gastos realizados durante la campaa y, en caso de que no cumpla, deba pagar una multa de G. 25.302.000.
Adems, se establece como obligatoria una declaracin jurada de intereses de cada candidato y que los partidos y movimientos sean sujetos de control de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El plazo lmite que da la Justicia Electoral para establecer cambios legislativos al sistema electoral antes de los comicios internos es el 6 de marzo.
