La resolución del pleno ratifica su enjuiciamiento y suspensión en el cargo, medidas dictadas previamente mediante el apartado 4 del Auto Interlocutorio N.º 144, del 17 de septiembre de este año.
El expediente penal central, caratulado «Cristian Ariel Sánchez Zaracho sobre lavado de dinero mayor a 750 jornales (delitos económicos)», investiga al magistrado por la presunta frustración del comiso al ordenar irregularmente el remate de una estancia que contaba con medidas cautelares de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
El pasado 25 de septiembre, la defensa del enjuiciado accionó contra la medida de suspensión argumentando que la misma carecía de justificación fáctica. Según su escrito, las decisiones cuestionadas emanaron de su labor jurisdiccional y exigió al Jurado una valoración concreta de los elementos que lo vincularían con los presuntos hechos punibles. También solicitó la invalidez del propio enjuiciamiento.
El ministro preopinante, César Garay Zuccolillo, basó su voto de rechazo en el artículo 35 de la Ley N.º 6814/2021, norma que estipula de forma imperativa que el auto de enjuiciamiento «no será recurrible». Durante su fundamentación, argumentó que la suspensión es consecuencia de las «presunciones sólidas de hechos punibles» que derivaron en la imputación penal formal en su contra.
Asimismo, el ministro puntualizó que los recursos del juez Sánchez Zaracho pretendían erigir al JEM en una «instancia paralela a la jurisdiccional» para controlar los actos de investigación del Ministerio Público, pretensión que resulta inadmisible en el marco constitucional.
La postura del preopinante fue respaldada en su totalidad durante la votación. Acompañaron el rechazo al recurso los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, el diputado Diego Candia, el consejero Enrique Berni, el ministro de la Corte Suprema Manuel Ramírez Candia y la presidenta de la institución, Alicia Pucheta.
Fuente: el observador
