Revocan libertad de brasileño sobreviviente de ataque y alertan a la Corte por presuntas irregularidades en su fianza

El Tribunal de Apelación de Amambay dejó sin efecto las medidas sustitutivas otorgadas a Geovanne Matheus Rodrigues Martínez y restableció su prisión preventiva. Los camaristas reprocharon la "absoluta ligereza" del juez de garantías Álvaro Rojas Almirón al aceptar un inmueble de G. 150 millones como caución cuando en la audiencia solo se ofrecieron G. 10 millones en efectivo y la supuesta fiadora nunca firmó el expediente.
Revocan libertad de brasileño sobreviviente de ataque y alertan a la Corte por presuntas irregularidades en su fianza

Una severa advertencia institucional y la revocatoria de una excarcelación marcaron el fallo dictado este jueves 19 de noviembre de 2026 por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Amambay.

Mediante el Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 518, los camaristas Sandro Ismael Vera Ortiz, Luis Alberto Benítez Noguera y Sandra Isabel Fariña Rolón hicieron lugar al recurso interpuesto por el agente fiscal Emilio Álvarez Maldonado y revocaron el A.I. N.º 1423 del 6 de noviembre pasado, por el cual el Juzgado Penal de Garantías N.º 1 a cargo del juez Álvaro Rojas Almirón había dispuesto la libertad inmediata del ciudadano brasileño Geovanne Matheus Rodríguez, de 28 años.

Con la resolución de alzada, queda nuevamente vigente la prisión preventiva dictada el 23 de octubre de 2026 (A.I. N.º 1361) en el marco del proceso por presunta transgresión a la Ley N.º 7411/2024 de Armas de Fuego, debiendo el juzgado de origen librar el oficio correspondiente para su cumplimiento.

Una fianza "fantasma" y pedido de auditoría a la Corte

El punto más grave señalado por el Tribunal no solo apunta al riesgo procesal del imputado, sino a serias inconsistencias detectadas dentro del propio expediente electrónico del Juzgado Penal de Garantías N.º 1.

Según expusieron los camaristas, el acta de la audiencia de revisión de medidas realizada el 4 de noviembre de 2026 consignaba que la defensa había ofrecido una fianza de G. 10.000.000 en efectivo, además de la caución personal y juratoria del procesado. Sin embargo, dos días después, el fallo que otorgó las medidas sustitutivas terminó aceptando una fianza real de G. 150.000.000 sobre un inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero, registrado a nombre de Carmen Yacqueline Delgado de Escobar.

Al auditar las constancias digitales, el Tribunal descubrió que el bien carecía de certificado de condiciones de dominio y de tasación judicial —en contravención al artículo 5. ° de la Acordada N.º 319/04 de la Corte Suprema de Justicia—, que no existía documentación que acreditara su existencia efectiva y, como agravante, que la supuesta fiadora nunca ofreció ni firmó caución alguna en el proceso.

Tras calificar la actuación del juzgado de primera instancia como de "absoluta ligereza", el colegiado resolvió poner estas discordancias en conocimiento del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay para evaluar la remisión del caso a la Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. El eventual control apuntará a verificar la legalidad procesal, los plazos y la integridad digital del expediente —incluyendo foliado, firmas electrónicas, códigos hash y sellos de tiempo— con miras a determinar eventuales responsabilidades y sanciones a los funcionarios involucrados.

El cruce entre la Fiscalía y la defensa

En su apelación, el fiscal Emilio Álvarez —quien imputó al extranjero por detentación ilegal y producción de riesgos comunes con material controlado (artículos 260 y 261 de la Ley N.º 7411/2024), con expectativa de pena de 5 a 10 años— sostuvo que en la vivienda intervenida se hallaron armas largas y cortas, municiones, accesorios controlados y equipos de recarga. Remarcó además que el procesado no posee radicación, domicilio ni ingreso migratorio registrado en Paraguay, que reside en la vecina Ponta Porã, que cuenta con antecedentes penales en Brasil y que la legislación brasileña impide la extradición de sus connacionales.

Por su parte, el defensor técnico Francisco Fernández Sánchez alegó que su representado era apenas una visita que dormía en un sofá cama cuando ocurrió el procedimiento policial del 19 de octubre y que los agentes solo hallaron un cargador de pistola con municiones oculto debajo del mueble, sin arma de fuego, junto a carnés de tenencia pertenecientes a quien habitaba el inmueble. Sostuvo que no existió tenencia dolosa ni peligro de fuga concreto, invocando el arraigo transfronterizo de la comunidad de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

El trasfondo: el único ileso del doble homicidio en el barrio Obrero

El proceso contra Geovanne Matheus se desprendió de uno de los episodios de sicariato más resonantes registrados en octubre pasado en la capital del Amambay. En la madrugada del lunes 19 de octubre, alrededor de las 03:30, un grupo armado tipo comando irrumpió en una vivienda situada sobre la calle Valois Rivarola casi Choferes del Chaco, en el barrio Obrero.

En el lugar, los atacantes ejecutaron a tiros a la brasileña Carolina Benites Arce (27) y raptaron a su pareja, quien utilizaba documentos paraguayos a nombre de Marcelo Juan Ortiz Moura (26). Posteriormente se confirmó que su verdadera identidad brasileña era Marcelo Ruan Lázaro Ortiz, prófugo por narcotráfico en Campo Grande (Mato Grosso do Sul) y sospechoso de haber ordenado varios crímenes en Ponta Porã. Su cuerpo fue encontrado acribillado y envuelto en una carpa negra al día siguiente, mientras que la camioneta Toyota Fortuner utilizada en el rapto apareció incinerada a unos 200 metros de la línea internacional.

Durante la irrupción armada, Geovanne Matheus —apuntado por los investigadores como presunto secretario de Ortiz Moura— se encontraba en la casa y resultó completamente ileso, lo que despertó las sospechas policiales y derivó en su aprehensión, posterior imputación por transgresión a la Ley de Armas y ahora en la ratificación de su prisión preventiva.

 

Fuente: esnoticia.com