La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Capitán Bado y guarda relación con un procedimiento ocurrido el jueves 24 de septiembre, aproximadamente a las 07:00 horas, en un establecimiento ganadero situado en la colonia Aguará Veve.
La fiscala María Ester confirmó que el Ministerio Público abrió una carpeta investigativa y que el denunciante ya prestó declaración testifical en carácter de víctima. La investigación se encuentra todavía en una etapa inicial y busca, entre otros puntos, identificar a las personas que participaron de la intervención.
Según el relato de Isidro Ayala Ortega, aproximadamente 20 militares, que serían integrantes del CODI–FTC, llegaron hasta su establecimiento a bordo de tres camionetas. El denunciante manifestó que fue subido contra su voluntad a la carrocería de uno de los vehículos y trasladado hasta una zona boscosa ubicada a aproximadamente 1.000 metros de su vivienda.
Denuncia privación de libertad durante cuatro horas
Ayala Ortega sostuvo que permaneció privado de su libertad durante aproximadamente cuatro horas en el monte. De acuerdo con lo asentado en la denuncia, durante ese tiempo los intervinientes presuntamente le exigían que reconociera como suyos determinados elementos.
El denunciante manifestó además que los militares se habrían apoderado de dos teléfonos celulares, uno de ellos un iPhone 13 y otro Samsung, además de G. 7.000.000 en efectivo.
Intervención habría sido realizada sin orden judicial
De acuerdo con los datos proporcionados sobre el caso, la intervención se habría realizado sin una orden judicial. Este punto forma parte de los aspectos que deberán ser esclarecidos por el Ministerio Público.
La fiscala señaló que todavía se debe determinar quiénes se encontraban prestando servicio en la zona durante esa jornada y si existió alguna comunicación previa sobre el procedimiento.
La representante fiscal explicó que las instituciones que realizan controles en la zona fronteriza habitualmente comunican sus intervenciones al fiscal de turno. Sin embargo, en este caso deberá verificarse si existió dicha comunicación y bajo qué fundamento se produjo el ingreso al establecimiento.
“Hay muchas cosas que investigar todavía”, manifestó la fiscala al señalar que la pesquisa es aún incipiente.
El Ministerio Público deberá ahora recabar informes, identificar a los militares que eventualmente participaron del procedimiento y determinar las circunstancias en que se produjo la intervención.
Los hechos mencionados corresponden a la versión del denunciante y se encuentran bajo investigación fiscal. Hasta el momento, no implican una determinación de responsabilidad de los agentes señalados.
