El proyecto de resolución que dispone la formulación de la acusación en juicio político contra el presidente de la República del Paraguay, don Santiago Peña Palacios, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional, dispone los puntos claves por los cuales la Cámara de Diputados pide la condena del jefe del Ejecutivo.
Varios diputados de diferentes bancadas, tanto opositoras como disidentes, presentaron la iniciativa a la Cámara Baja, que se tratará a las 10:00 este jueves en una sesión extraordinaria.
El documento contempla los cinco ejes por lo que se realiza la acusación a Santiago Peña y busca determinar la responsabilidad, intervención u omisión que tuvo el presidente de la República al respecto.
1. Conflictos de intereses e injerencia en IPS
El primer punto denuncia conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelación legal de las puertas giratorias durante el actual gobierno, que se refiere a la modificación de la ley y las decisiones regulatorias presuntamente para favorecer a ueno bank.
En este sentido, expusieron que el jefe del Ejecutivo declaró ante la Contraloría General de la República que poseía acciones por un valor nominal de G. 6.144 millones en Ueno Holing SAECA y evalúa un posible conflicto de intereses.
Resalta nombramientos de altos funcionarios que se desempeñaron en firmas privadas vinculadas al jefe de Estado. Entre ellos; a Carlos Carvallo, quien recientemente dejó la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP) tras el escándalo de ueno bank; el ex ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos; a Juan Manuel Gustale, quien ocupó sucesivas funciones anteriormente en la banca matriz; y a Diego Duarte Scuhussmuller, quien fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex asesor del ex Ministerio de Hacienda.
También se refiere a la supuesta injerencia presidencial indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el favorecimiento de ueno bank con cambios realizados a las reglas de inversión de la previsional “para incidir en el funcionamiento”, alegando mal desempeño de funciones.
2. Concentración de fondos previsionales
Esta parte de la acusación aborda la concentración de fondos del IPS y el sobrepaso de los límites aplicables y señala presunto mal desempeño de funciones.
Destaca que ueno bank aparece en el sistema de inversiones de la previsional desde septiembre de 2023 y que para noviembre de ese año había subido a G. 80 millones, el mismo mes que se convirtió en banco. Apuntan que para marzo de 2024, alcanzó G. 346.500 millones. En un periodo de 20 meses el aumento de los fondos fue de 3.035%, detallan.
Resalta que el fondo, cuya razón de ser es pagar jubilaciones dentro de décadas exige la máxima prudencia, y que cuando se destina una porción creciente de ese fondo a una entidad vinculada con el titular del Poder Ejecutivo, el riesgo deja de ser estrictamente una cuestión financiera o “entre privados”. “Se vacía de contenido la garantía constitucional del destino exclusivo de los recrusos”, expresa el escrito de los diputados.
3. Maniobra para favorecer a ueno
El tercer punto de la acusación contra Peña expone el sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay.
De acuerdo con informes técnicos, según la acusación, informes técnicos oficiales revelaron que, al cierre de abril pasado, la entidad bancaria acumuló operaciones crediticias con tres empresas vinculadas por un total de G. 743.784 millones, equivalente a unos USD 123 millones, que además representa alrededor del 30% del patrimonio efectivo de la entidad, siendo el límite prudencial legal el 20%.
Los diputados alegaron que el BCP convalidó inicialmente la maniobra, por lo que califica que Peña omitió deliberadamente ejercer la potestad de remoción, conforme al artículo 238 de la Constitución Nacional.
4. Aprovechamiento del cargo público
El penúltimo motivo que acusa a Peña se trata del beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito. Argumenta los cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Estado y sus vínculos económicos con Ueno Holding e Itti.
Alegaron que hubo un aprovechamiento del cargo público para consolidar ventajas financieras personales y réditos corporativos incompatibles con la investidura.
Esta acción, exponen, que le compete valorar a la Cámara de Diputados si la conducta patrimonial que el presidente de la República no justificó es compatible con la investidura que ejerce.
5. Pérdida de la confianza en el sistema financiero
El último punto se refiere a la afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistémico. Argumentan la posible articulación de estos hechos en un patrón institucional de favorecimiento y debilitamiento de los controles públicos.
“Un sistema financiero no se sostiene solo en capital y regulación. Se sostiene, sobre todo, en la confianza”, destacan los parlamentarios que impulsan la iniciativa.
Para los diputados firmantes es un daño “difícil de medir y revertir” puesto que un perjuicio patrimonio se repara “con una indeminización. Consideran que esta figura también se configura bajo la calificación de mal desempeño de funciones.
Fuente: UH
